La violencia económica es una de las formas más invisibilizadas de violencia de género. No solo implica el control de los recursos económicos por parte del agresor, sino también el endeudamiento forzado que deja a muchas mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. Esta situación afecta de manera directa a la autonomía y libertad de la víctima, ya que la falta de recursos propios dificulta su capacidad para tomar decisiones independientes, acceder a un empleo o incluso huir de la relación abusiva. El control financiero impuesto por el agresor puede generar una dependencia total, anulando su capacidad de acción y atrapándola en un círculo vicioso del que resulta muy difícil salir sin apoyo externo.
En este contexto, el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha reconocido la violencia económica como una de las manifestaciones de la violencia de género, estableciendo medidas específicas para abordar el problema.
