Un jugado de Palma vuelve a cuestionar ante el TJUE la interpretación del Tribunal Supremo sobre el IRPH

La nueva cuestión prejudicial planteada el 11 de marzo de 2026 por el Tribunal de Instancia de Palma no reabre el debate más elemental sobre si la cláusula IRPH puede ser sometida a control judicial. Va más lejos. Lo que eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una duda de técnica jurídica mucho más incisiva: si la interpretación que el Tribunal Supremo ha fijado en sus sentencias 1590/2025 y 1591/2025 sobre transparencia material y abusividad del IRPH es compatible con la Directiva 93/13/CEE.

La relevancia del auto es evidente. El órgano remitente no pregunta si el IRPH, por ser un índice oficial, queda blindado frente al control de transparencia o de abusividad. Pregunta si una cláusula de precio puede reputarse transparente cuando el consumidor no ha recibido, antes de contratar, una explicación comprensible de cómo funciona realmente el índice y de cuáles son sus consecuencias económicas. Y pregunta también si el juicio de abusividad puede quedar reducido, en la práctica, a un estándar tan exigente que neutralice el control judicial.

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El préstamo litigioso fue suscrito el 27 de septiembre de 2007, por 450.000 euros y a 40 años, con IRPH Cajas como índice principal e IRPH Entidades como sustitutivo. Esa fecha y esa cuantía son relevantes, porque sitúan el litigio fuera del ámbito aplicativo ordinario de la Orden de 5 de mayo de 1994, al tratarse de un préstamo anterior al 9 de diciembre de 2007 y superior a 150.253 euros. Precisamente por eso, el debate no se agota en si se incumplió una obligación documental nacional, sino en si el estándar mínimo europeo de transparencia exigía, pese a todo, una información material suficiente.

Tribunal Supremo: transparencia apoyada en la publicidad oficial y abusividad de umbral alto

Las sentencias del Pleno de la Sala Primera de 11 de noviembre de 2025 intentan sistematizar la litigación del IRPH. El Tribunal Supremo parte de que no cabe una respuesta unívoca sobre la validez de estas cláusulas y formula una serie de parámetros orientativos para que los órganos judiciales realicen, en primer lugar, el control de transparencia y, solo si este no se supera, el control de abusividad.

En esa construcción, el Supremo sostiene, como regla general, que el acceso al conocimiento de la composición, peculiaridades, valores y evolución del IRPH puede quedar garantizado por la publicación en el BOE de las Circulares 5/1994 y 5/2012 y de los sucesivos valores del índice. A partir de ahí, considera que la información necesaria puede provenir de fuentes no facilitadas directamente por el prestamista, siempre que estén públicamente disponibles y que el consumidor pueda acceder a ellas con las indicaciones oportunas.

El núcleo más polémico de esa doctrina aparece en dos afirmaciones: La primera, que la omisión de una referencia concreta al diferencial negativo del preámbulo de la Circular 5/1994 puede resultar irrelevante si el consumidor recibió una mención a dicha Circular y alguna referencia a la TAE. La segunda, que, en el plano del control de contenido, no basta con una diferencia económica apreciable: para apreciar abusividad, la desproporción debe ser “muy evidente”.

Es precisamente esa arquitectura la que ahora vuelve a ser discutida ante el TJUE.

Primera cuestión prejudicial: advertencia sobre el diferencial negativo

La primera pregunta formulada por el tribunal de Palma afecta al corazón del control de transparencia. Lo que se pregunta a Luxemburgo es si la advertencia contenida en la Circular 5/1994 del Banco de España, relativa a la conveniencia de aplicar un diferencial negativo al IRPH por su propia configuración, constituye una información pertinente y esencial que el profesional debía facilitar de manera clara, directa y comprensible antes de la celebración del contrato.

No se trata de una cuestión menor ni puramente técnica. La advertencia del Banco de España parte de una idea económica muy precisa: el IRPH, tal y como estaba configurado, incorporaba en su cálculo comisiones y otros costes, de forma que su utilización directa como tipo contractual podía situar la TAE del préstamo por encima del tipo practicado por el mercado. De ahí que el propio preámbulo de la Circular 5/1994 advirtiera de la conveniencia de aplicar un diferencial negativo para aproximar el coste real de la operación al del mercado hipotecario.

El problema jurídico aparece cuando esa información no es comunicada al prestatario de manera inteligible. Si el consumidor no es informado de que el índice incorpora ya elementos de coste y de que el propio regulador bancario advirtió sobre la necesidad de corregir ese efecto, su capacidad para comprender el funcionamiento económico de la cláusula queda severamente comprometida.

El auto de Palma no se limita a señalar que la Circular 5/1994 es un texto técnico. Va más allá. Subraya que la mera posibilidad abstracta de consultar el BOE no equivale a una información materialmente transparente, especialmente cuando la referencia a la Circular aparece en el propio momento de la firma, sin una explicación previa y comprensible. En otras palabras: una cosa es la publicidad oficial de una norma; otra, muy distinta, que esa información haya sido realmente accesible, inteligible y útil para que un consumidor medio adopte una decisión económica fundada.

Por eso la cuestión prejudicial apunta a una idea central: la transparencia material no se satisface mediante una simple remisión formal a una fuente normativa externa si el consumidor no ha recibido, antes de quedar vinculado, el contenido económico esencial de esa información. La pregunta al TJUE, por tanto, no es si el banco puede mencionar la Circular 5/1994, sino si puede tenerse por cumplido el deber de transparencia cuando esa mención no va acompañada de una explicación comprensible de su verdadero alcance.

Segunda cuestión prejudicial: la desproporción muy evidente

La segunda cuestión es probablemente la más delicada desde el punto de vista dogmático. El tribunal remitente pregunta si, al apreciar la existencia de un desequilibrio importante en una cláusula que define el precio del contrato, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta de manera principal la falta de transparencia material y las consecuencias económicas que de ella se derivan para el consumidor, o si es compatible con la Directiva 93/13 exigir, como criterio determinante, la concurrencia de una “desproporción muy evidente”.

La objeción es de gran calado. Si el desequilibrio importante se interpreta mediante un umbral especialmente alto, el control de abusividad corre el riesgo de quedar vaciado de contenido. No toda diferencia económica significativa alcanzará el nivel de lo “muy evidente”, pero eso no significa que carezca de relevancia jurídica para un consumidor que asume durante décadas una carga financiera superior a la que razonablemente cabría esperar en el mercado.

El problema es aún mayor cuando la cláusula no ha sido transparentemente explicada. En ese escenario, la opacidad no es un elemento periférico, sino central. Si el consumidor no comprendió adecuadamente el método de cálculo del índice ni sus efectos económicos, parece difícil sostener que el análisis del desequilibrio pueda desligarse de esa falta de transparencia y reducirse a una comparación puramente cuantitativa o excepcionalmente restrictiva.

La cuestión prejudicial plantea, en definitiva, si el Tribunal Supremo ha elevado en exceso el listón del control de abusividad.

Tercera cuestión prejudicial: el tipo sintético

La tercera pregunta ataca la metodología comparativa utilizada para descartar la abusividad. El tribunal de Palma pregunta si es compatible con la Directiva 93/13 que, para apreciar la existencia de un desequilibrio importante en un préstamo hipotecario referenciado al IRPH, el órgano jurisdiccional nacional utilice como criterio de comparación determinante un indicador estadístico agregado, el llamado “tipo sintético”, que no constituye un índice hipotecario propiamente dicho y que integra operaciones crediticias de distinta naturaleza, duración y perfil de riesgo.

El problema no es simplemente estadístico. Es un problema de homogeneidad del término de comparación. Si el parámetro empleado mezcla préstamos hipotecarios con otras operaciones crediticias distintas, el resultado puede ser metodológicamente impropio y jurídicamente insuficiente. En vez de comparar la cláusula controvertida con el mercado hipotecario relevante, se la contrasta con una media agregada de operaciones heterogéneas.

Desde la perspectiva del consumidor, ello puede diluir o relativizar artificialmente el verdadero impacto económico del IRPH en el préstamo litigioso. Y desde la perspectiva de la Directiva 93/13, puede traducirse en una reducción práctica del control judicial, porque el parámetro escogido deja de reflejar las condiciones específicas del mercado hipotecario aplicable a consumidores.

La crítica del auto es muy clara: si el criterio de comparación no es materialmente adecuado, el juicio de abusividad puede quedar neutralizado no porque la cláusula sea verdaderamente equilibrada, sino porque se ha elegido un espejo estadístico deformante.

Cuarta cuestión prejudicial: TAE media de préstamos hipotecarios comparables

La cuarta cuestión prejudicial completa el razonamiento y propone un método alternativo. Lo que pregunta el tribunal remitente es si, al apreciar la existencia de un desequilibrio importante en un préstamo hipotecario a interés variable referenciado al IRPH, el análisis debe basarse en una comparación con el coste efectivo medio de préstamos hipotecarios equivalentes en importe y duración vigentes en la fecha de celebración del contrato.

El auto identifica tres grandes referencias comparativas: la TAE media aplicada en ese momento a préstamos hipotecarios IRPH en los que se hubiera utilizado un diferencial negativo; la TAE media de préstamos hipotecarios referenciados al Euríbor; y la TAE media de préstamos hipotecarios a tipo fijo existentes en esa misma fecha. El tribunal pregunta expresamente si la Directiva 93/13 permite excluir de forma sistemática ese tipo de comparación o sustituirla por parámetros abstractos o agregados que no reflejen específicamente las condiciones reales del mercado hipotecario aplicable a consumidores.

Esta propuesta tiene una notable coherencia financiera. Se trata de identificar un parámetro objetivo y homogéneo que permita medir si el consumidor fue colocado, desde el momento de contratar, en una posición significativamente más gravosa que la derivada de operaciones hipotecarias comparables. Y para ello la TAE ofrece una ventaja evidente: permite contrastar costes efectivos y no solo tipos nominales formalmente comparables.

La lógica del auto es sólida. Si el debate gira en torno a la verdadera carga económica del préstamo, la comparación debería hacerse con otros costes efectivos del mismo mercado, no con agregados estadísticos de naturaleza mixta. De lo contrario, el juicio de desequilibrio puede perder conexión con la economía real del contrato.

Lo que realmente se está discutiendo ante el TJUE

Visto en conjunto, la nueva cuestión prejudicial no pregunta al TJUE si el IRPH es válido porque sea un índice oficial. Tampoco le pide que fije un precio hipotecario correcto. Lo que plantea es algo más relevante: si la metodología de control aplicada por el Tribunal Supremo sigue respetando el estándar europeo de protección al consumidor.

En materia de transparencia, la duda es si basta con la publicación oficial y la remisión a una norma técnica, o si el profesional debía explicar de forma materialmente comprensible el contenido económico esencial de la advertencia del Banco de España sobre el diferencial negativo. En materia de abusividad, la duda es si puede exigirse una “desproporción muy evidente” y utilizarse como comparador decisivo un indicador agregado como el tipo sintético, o si el análisis debe descansar en el coste efectivo real de préstamos hipotecarios comparables.

Por eso puede afirmarse que la cuestión prejudicial de Palma vuelve a situar el debate del IRPH en su punto decisivo: no en la apariencia formal de la cláusula, sino en la comprensión real del consumidor y en la efectividad del control judicial. En definitiva, lo que se discute ante Luxemburgo es si la doctrina reciente del Tribunal Supremo ha ordenado la materia o, por el contrario, ha estrechado en exceso el alcance del control de transparencia y abusividad que impone la Directiva 93/13.

Habrá que esperar a la respuesta del TJUE. Pero algo ya puede afirmarse con rotundidad: el debate judicial sobre el IRPH está lejos de haberse cerrado.