El Real Decreto 813/2026 introduce cambios que afectan al conjunto de los intermediarios de crédito inmobiliario (ICI). La novedad más relevante para las empresas pequeñas es la desaparición de la excepción que les permitía no designar representante ante el SEPBLAC. La reforma entra en vigor el 28 de octubre de 2026, con plazos específicos para determinadas adaptaciones.
Para la dirección de un ICI, esta reforma es una oportunidad para revisar quién asume las funciones de prevención del blanqueo de capitales, cómo se analizan las operaciones y qué evidencias conserva la empresa. El alcance concreto de los controles depende de su tamaño, estructura y actividad.
Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, publicado el 8 de octubre de 2026. Las modificaciones de prevención del blanqueo se encuentran en su artículo quinto.
Economista especializado productos financieros y socio del despacho de abogados y economistas Futur Legal.
Licenciado en Economía (1997) y en Administración y Dirección de Empresas (1999) por la UIB. Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la UNIR (2022).
Consejero del CES de las Illes Balears. Patrono de Finsalud. Profesor asociado de la UIB y director de trabajo fin de máster de la UNIR.
Autor del libro a Banca Culpable (Esfera de los Libros, 2013) y coautor de Comentarios sobre la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los mercados de valores y de los Servicios de Inversión (Aferre, 2024); Situación, tendencias y restos del sistema financiero (Aranzadi, 2022); Perspectiva legal y económica del fenómeno FinTech (Wolters Kluwer, 2021); Comentarios a la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (Wolters Kluwer, 2019).
Pau A. Monserrat entiende la actividad del economista más allá de una profesión, como una forma de entender y participar en el mundo. Su enfoque humanístico combinado con un análisis matemático le permite abordar con garantías de éxito los encargos de sus clientes. Se ha mostrado activo en la divulgación de la educación financiera, la intermediación hipotecaria, así como en la defensa de los derechos de los usuarios del sector financiero.
