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La usura española llega a Europa

El 14 de septiembre de 2020 la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Canarias planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial a raíz de una sentencia dictada en el Juicio Ordinario 461/19, en el que el magistrado Jesús Ángel Suárez Ramos declaró “la nulidad del contrato de línea de crédito suscrito en fecha 24 de junio de 2004, por tipo de interés usurario” condenando “a la entidad crediticia demandada (Banco de Santander) a devolver al actor la cantidad pagada por éste, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales, con expresa condena en costas”. En palabras menos técnicas: la usura española llega a Europa.

Después de este fallo, la parte demanda interpuso recurso de apelación, a la que la parte demandante, obviamente, se opuso por escrito.

Ante esto, la Sala traslada a las partes providencia en fecha 15 de julio de 2020 sobre la procedencia de plantear cuestión prejudicial.

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Ley del trabajo a distancia

El Ministerio de Trabajo y Economía ha conseguido aprobar esta Ley de trabajo a distancia o Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, con el consenso de patronales y sindicatos.

El actual Estatuto de los Trabajadores no reconocía ni regulaba el teletrabajo, pero ahora, con más de 3 millones de españoles y esta normativa nueva, queda recogida esta modalidad laboral en la que se regulan los distintos aspectos que le conciernen. Y es que aunque el teletrabajo ya estaba en auge antes de la pandemia, ahora ha cobrado una importancia vital para el desarrollo de la economía española. El teletrabajo puede ser un buen método de contención sanitaria al limitar el número de desplazamientos y minimizar el contacto social.

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Ley de Segunda oportunidad

En el año 2015 y tras haber pasado una tremenda crisis económica y social en España, se creó lo normativa conocida como Ley de Segunda Oportunidad, enfocada a particulares autónomos y empresas para que, bajo unos parámetros determinados, pudieran condonarse o aplazarse deudas con el fin de conseguir esa segunda oportunidad.

El webminar que compartimos en este artículo, organizado por Asufin Baleares y conducido por Rosana Organista, cuenta con la participación de dos grandes expertos en la materia: Cristina Borrallo y Carlos Fidalgo.

Cristina Borrallo es experta en derecho bancario y de consumo, administradora y mediadora concursal y árbitro del Tribunal Arbitral de las Illes Balears y socia de Futur Legal.

Por su parte, Carlos Fidalgo es abogado en Moreana Abogados, profesor asociado de la Universidad de Sevilla, Académico correspondiente en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fidalgo es uno de los abogados pioneros en España en la aplicación de la Ley de segunda oportunidad, habiendo escrito diversos trabajos universitarios sobre dicha materia. Junto a ASUFIN, ha elaborado Propuesta de Reforma y Mejora a la actual regulación de dicha Ley.

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Resumen del Ingreso Mínimo Vital

Vamos a resumir los principales aspectos del ingreso mínimo vital, con preguntas y respuestas, regulado en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV). Interesa saber qué es el ingreso mínimo vital, que requisitos se exigen para poder beneficiarse de la ayuda y qué importe se concede según las características de cada unidad de convivencia.

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Una segunda oportunidad en tiempos de Coronavirus

En otros artículos ya analizábamos cuál era el mecanismo de segunda oportunidad legalmente vigente tras la entrada en vigor de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, conocida coloquialmente como Ley de Segunda Oportunidad.

Desde su entrada en vigor en el año 2015 ha sido, lamentablemente, una ley muy poco aplicada en la práctica y muy poco conocida como un mecanismo útil para liberar a deudores de buena fe de su endeudamiento. Veamos como funciona esta segunda oportunidad en tiempos de confinamiento y paralización económica por el Covid-19.

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