Un intermediario de crédito inmobiliario (ICI) recibe información que permite reconstruir buena parte de la vida económica de sus clientes: ingresos, deudas, patrimonio, movimientos bancarios y circunstancias familiares. La utiliza para estudiar operaciones y presentar solicitudes a prestamistas, a menudo con la intervención de empleados, representantes y colaboradores. La protección de datos debe formar parte de ese proceso desde el primer contacto hasta el cierre y la conservación del expediente.
Para la dirección, esto exige decisiones concretas: qué documentación pedir, quién puede verla, cómo enviarla, qué puede publicar el equipo comercial y qué hacer cuando alguien solicita borrar sus datos. Un manual de protección de datos sectorial resulta útil cuando traduce las obligaciones jurídicas en procedimientos aplicables a estas situaciones.
Economista especializado productos financieros y socio del despacho de abogados y economistas Futur Legal.
Licenciado en Economía (1997) y en Administración y Dirección de Empresas (1999) por la UIB. Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la UNIR (2022).
Consejero del CES de las Illes Balears. Patrono de Finsalud. Profesor asociado de la UIB y director de trabajo fin de máster de la UNIR.
Autor del libro a Banca Culpable (Esfera de los Libros, 2013) y coautor de Comentarios sobre la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los mercados de valores y de los Servicios de Inversión (Aferre, 2024); Situación, tendencias y restos del sistema financiero (Aranzadi, 2022); Perspectiva legal y económica del fenómeno FinTech (Wolters Kluwer, 2021); Comentarios a la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (Wolters Kluwer, 2019).
Pau A. Monserrat entiende la actividad del economista más allá de una profesión, como una forma de entender y participar en el mundo. Su enfoque humanístico combinado con un análisis matemático le permite abordar con garantías de éxito los encargos de sus clientes. Se ha mostrado activo en la divulgación de la educación financiera, la intermediación hipotecaria, así como en la defensa de los derechos de los usuarios del sector financiero.