En los últimos años la inclusión en los ficheros de morosidad ha tenido un notable aumento, lo que ha impedido que muchos afectados por dicha inclusión vieran aprobadas sus solicitudes de concesión de crédito.
A lo largo del año 2022 ha habido un cambio jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo respecto a uno de los requisitos de suma importancia en el análisis de esta materia, que es la obligación del acreedor de notificar al supuesto deudor, junto con la cantidad adeudada, de que en caso de no proceder al abono de la deuda será incurso en un fichero de morosidad.