Pau A Monserrat Valenti No hay comentarios

La importancia de tomarse en serio al Banco de España: reclamación de un cliente a un ICI

En el sector de la intermediación de crédito inmobiliario, cumplir con la normativa no consiste únicamente en estar inscrito en el registro correspondiente o disponer de una página web con menciones legales. Un intermediario de crédito inmobiliario (ICI) debería tener un servicio jurídico, interno o externo, de cumplimiento normativo. Un contrato de intermediación sólido, equilibrado y transparente, es una primera capa de protección jurídica. Contar con un servicio de reclamaciones formado e independiente, una segunda herramienta para minimizar los conflictos con los clientes descontentos. Toda la estructura previa de cumplimiento normativo se pone a prueba cuando llega un requerimiento del Banco de España. Conviene tomarse muy en serio las comunicaciones que llegan del supervisor.

Si quieres crear un ICI o buscas un despacho jurídico-económico que cuide tu cumplimiento normativo, envíame un email y hablamos: pau.monserrat@futurlegal.com.

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Cristina Borrallo No hay comentarios

Prórroga del alquiler, burofax y derogación del Real Decreto-ley 8/2026

La derogación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, ha generado una situación de notable incertidumbre jurídica en materia de arrendamientos de vivienda habitual. Esta norma había previsto una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler y una limitación extraordinaria del 2% en la actualización anual de la renta.

La controversia es evidente: durante varias semanas, el Real Decreto-ley estuvo vigente. En ese periodo, muchos arrendatarios pudieron remitir comunicaciones formales a sus propietarios solicitando la prórroga extraordinaria. Sin embargo, tras la no convalidación por el Congreso de los Diputados, la norma dejó de producir efectos hacia el futuro.

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Moises Garrido Morcillo No hay comentarios

Inspección de Trabajo y domicilio social: ¿Puede entrar sin autorización judicial?

El Tribunal Supremo aclara cuándo la Inspección de Trabajo necesita autorización judicial para entrar en un centro de trabajo que coincide con el domicilio social de una empresa.

La Inspección de Trabajo tiene amplias facultades para acceder a centros de trabajo, realizar comprobaciones y controlar el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social. Sin embargo, esas facultades no son ilimitadas.

Contacta con Moisés Garrido, abogado experto en Derecho Laboral y Seguridad Social: 📧 moises.garrido@futurlegal.com.

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Maite Cuadros Grau No hay comentarios

La regularización extraordinaria de extranjería en España

El Real Decreto nº 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamente de la Ley Orgánica nº 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, publicado en el B.O.E. de 15 de abril de 2026, permitirá a miles de migrantes irregulares regularizar su situación en España y, como dice el propio Real Decreto que “ … todas las personas, con independencia de su origen o trayectoria migratoria, puedan ejercer sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad.”.

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Pau A Monserrat Valenti No hay comentarios

Un jugado de Palma vuelve a cuestionar ante el TJUE la interpretación del Tribunal Supremo sobre el IRPH

La nueva cuestión prejudicial planteada el 11 de marzo de 2026 por el Tribunal de Instancia de Palma no reabre el debate más elemental sobre si la cláusula IRPH puede ser sometida a control judicial. Va más lejos. Lo que eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una duda de técnica jurídica mucho más incisiva: si la interpretación que el Tribunal Supremo ha fijado en sus sentencias 1590/2025 y 1591/2025 sobre transparencia material y abusividad del IRPH es compatible con la Directiva 93/13/CEE.

La relevancia del auto es evidente. El órgano remitente no pregunta si el IRPH, por ser un índice oficial, queda blindado frente al control de transparencia o de abusividad. Pregunta si una cláusula de precio puede reputarse transparente cuando el consumidor no ha recibido, antes de contratar, una explicación comprensible de cómo funciona realmente el índice y de cuáles son sus consecuencias económicas. Y pregunta también si el juicio de abusividad puede quedar reducido, en la práctica, a un estándar tan exigente que neutralice el control judicial.

Contactar con el perito financiero autor del artículo: pau.monserrat@futurlegal.com.

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