En este artículo se explica cómo un contribuyente, con el auxilio de abogados y expertos en fiscalidad, puede vencer a la Administración Pública cuando pretende que se pague el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Acto Jurídicos Documentados (ITPAJD) en base al valor del inmueble que se transmite “comprobado por la Administración” en lugar del verdadero valor declarado por el contribuyente en la transmisión.
Demanda de gastos hipotecarios en Illes Balears
La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Baleares ha resuelto recientemente, en sentencias de fechas 26 de octubre de 2017, 7 y 9 de noviembre de 2017, respectivamente, y entre otras peticiones (comisiones y cláusula suelo) en relación a los gastos de formalización de préstamos hipotecarios. Sus fundamentos jurídicos marcan el camino de cualquier demanda de gastos hipotecarios que se interponga en las Illes Balears.
Además de los gastos de formalización propiamente, esto es, gastos de gestoría, notaría, registro de la propiedad y tributos, ha entendido que también debe procederse a la devolución de la comisión de apertura. Si has contratado un préstamo hipotecario, no dudes en contactar con nosotros para que valoremos una reclamación extrajudicial primero, y una posterior demanda si la reclamación no tiene éxito, rellenando nuestro formulario de contacto.
Cristina Borrallo es licenciada en Derecho y Máster en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona. Colegiada 5995 por el Colegio de Abogados de las Illes Balears.
Actualmente es Doctorando en el Departamento de investigación de Derecho Mercantil de la Universidad de las Islas Baleares con su tesis doctoral centrada en la regulación bancaria en los procesos de suscripción de capital y deuda de las entidades financieras.
Demanda por plusvalía municipal: si se vendió a pérdidas
¿Procede interponer una demanda por plusvalía municipal si vendí mi casa a pérdidas, para recuperar el impuesto pagado al ayuntamiento?
Esta es la pregunta que intentaremos resolver en este artículo. Como se explica claramente en este artículo del Consejo General de la Abogacía Española, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional varios artículos de la norma foral sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como “plusvalía municipal” porque la cobran los ayuntamientos) en Guipúzcoa, al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas. Para el TC la norma que contempla que el vendedor de una casa pagará el IIVTNU, en base a una fórmula de cálculo objetiva que tiene en cuenta el valor catastral y los años de titularidad, sin valorar que en la transacción haya habido beneficio, vulnera el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución, que dice:
Economista especializado productos financieros y socio del despacho de abogados y economistas Futur Legal.
Licenciado en Economía (1997) y en Administración y Dirección de Empresas (1999) por la UIB. Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la UNIR (2022).
Consejero del CES de las Illes Balears. Patrono de Finsalud. Profesor asociado de la UIB y director de trabajo fin de máster de la UNIR.
Autor del libro a Banca Culpable (Esfera de los Libros, 2013) y coautor de Comentarios sobre la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los mercados de valores y de los Servicios de Inversión (Aferre, 2024); Situación, tendencias y restos del sistema financiero (Aranzadi, 2022); Perspectiva legal y económica del fenómeno FinTech (Wolters Kluwer, 2021); Comentarios a la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (Wolters Kluwer, 2019).
Pau A. Monserrat entiende la actividad del economista más allá de una profesión, como una forma de entender y participar en el mundo. Su enfoque humanístico combinado con un análisis matemático le permite abordar con garantías de éxito los encargos de sus clientes. Se ha mostrado activo en la divulgación de la educación financiera, la intermediación hipotecaria, así como en la defensa de los derechos de los usuarios del sector financiero.