Efectivamente, la CNMV firma un informe de 23 de mayo de 2018 analizando la información financiera de Banco Popular de sus cuentas de 2016.
En nuestro informe pericial sobre acciones de Banco Popular lo analizamos en profundidad.
La CNMV concluye que la reexpresión de cuentas producida en aplicación de los ajustes comunicados por el propio Banco Popular “se desprende que el efecto agregado de re-expresar la información financiera consolidada del ejercicio 2016 del Banco Popular hubiera supuesto la minoración del resultado del ejercicio del Grupo en 126 millones de euros y de su patrimonio neto en 387 millones de euros (553 millones antes de impuestos), importe netamente superior al inicialmente estimado en el Hecho Relevante de 3 de abril.” (pág. 6/31 de su informe). Estos ajustes negativos suponen el 3,5% del patrimonio neto consolidado del 2016 y a juicio de la CNMV esta reexpresión “debe considerarse por sí mismo material”.
La CNMV afirma que las cuentas anuales de 2015, 2016 y primer semestre de 2017 no reflejaban la imagen fiel de Banco Popular.
En relación a la sobrevaloración de activos inmobiliarios en los balances de Banco Popular, la página 13 del informe de la CNMV afirma que “A juicio del DIFC, aunque los argumentos aportados parecen explicar de una manera razonable el importe de activos existentes a 30 de junio, en particular por lo que respecta a los activos bajo el alcance del acuerdo con Blackstone, no obstante, la Entidad no habría aportado evidencias concretas en relación con cómo se han determinado unos descuentos tan significativos sobre su valor en libros, y en un semestre donde se empieza a apreciar una recuperación del mercado inmobiliario. Lo anterior arroja algunas dudas sobre si una parte de las reducciones en el valor de los activos no obedece tanto a descuentos por la naturaleza mayorista de la operación como a depreciaciones no registradas que se hubieran producido en ejercicios anteriores y, por consiguiente, debieran haber estado contabilizados al cierre del ejercicio 2016.”
En el mismo informe de la CNMV (pág. 14) se hace eco del informe provisional realizado por Deloitte para la JUR, que en el apartado relativo a los activos inmobiliarios adjudicados señala que su valor razonable estimado sería entre un 42% y un 47% menor a las valoraciones contabilizadas por Banco Popular. Es decir, que del valor de los inmuebles adjudicados por el banco por impago de los préstamos garantizados, se debería recortar más de un 40%, lo que implicaría un déficit de provisiones entre 2.494 y 3.192 millones de euros.
Economista especializado productos financieros y socio del despacho de abogados y economistas Futur Legal.
Licenciado en Economía (1997) y en Administración y Dirección de Empresas (1999) por la UIB. Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la UNIR (2022).
Consejero del CES de las Illes Balears. Patrono de Finsalud. Profesor asociado de la UIB y director de trabajo fin de máster de la UNIR.
Autor del libro a Banca Culpable (Esfera de los Libros, 2013) y coautor de Comentarios sobre la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los mercados de valores y de los Servicios de Inversión (Aferre, 2024); Situación, tendencias y restos del sistema financiero (Aranzadi, 2022); Perspectiva legal y económica del fenómeno FinTech (Wolters Kluwer, 2021); Comentarios a la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (Wolters Kluwer, 2019).
Pau A. Monserrat entiende la actividad del economista más allá de una profesión, como una forma de entender y participar en el mundo. Su enfoque humanístico combinado con un análisis matemático le permite abordar con garantías de éxito los encargos de sus clientes. Se ha mostrado activo en la divulgación de la educación financiera, la intermediación hipotecaria, así como en la defensa de los derechos de los usuarios del sector financiero.
