Es opinión común, difícilmente pueda haber contrariedad con ella, que la declaración del Estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo ha implicado un conjunto de consecuencias y perjuicios en distintos, por no decir todos, los ámbitos vitales del ser humano. Hacemos referencia al ámbito económico, al ámbito político, al ámbito personal y… a las prestaciones sanitarias. Seguramente cualquiera de nosotros directamente, o indirectamente a través de algún familiar o conocido, se haya visto afectado, no solo y lamentablemente por el propio virus originador del mayor desastre a nivel mundial tras la 2ª Guerra Mundial, sino por la imposibilidad de poder ver solucionados, de algún modo, sus problemas o asuntos sanitarios, en especial modo, con respecto de la prestación del servicio sanitario público. En este artículo veremos qué derechos tiene ante el Estado un afectado por una enfermedad o dolencia que ha tenido que acudir a la sanidad privada al no poder seguir esperando las largas listas de espera de la sanidad pública.
Sentencia de comisión de apertura y gastos
Un cliente de Futur Legal gana una nueva demanda en materia de comisión de apertura y gastos hipotecarios, Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca de fecha 28 de septiembre de 2021 que condena a la entidad bancaria CAIXABANK, S.A.
Sentencia de prima única financiada
El Juzgado de 1ª Instancia nº 17 de Palma de Mallorca ha fallado a favor de un consumidor que ha ejercitado sus derechos contra la entidad bancaria Banco Santander en reclamación de la nulidad de Condiciones Generales de la Contratación contenidas en su escritura de préstamo hipotecario; en concreto solicitaba la nulidad de la cláusula de gastos, suelo, comisión de apertura y seguro de prima única financiada.
Demanda por acciones de Banco Popular
El Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Palma de Mallorca ha estimado parcialmente la demanda presentada por nuestro despacho profesional en la defensa de un cliente que había adquirido acciones de Banco Popular desde agosto de 2014 a diciembre de 2016, de los cuales 7020 acciones con ocasión de la ampliación de capital de junio 2016, ejercitándose, en primer lugar, una acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento prestado por la parte demandante como consecuencia de error y/o dolo ante la información inadecuada de la entidad bancaria sobre los riesgos de las acciones adquiridas en función de la situación de solvencia real derivada de las cuentas de la entidad.