Apreciada Iris,
En primer lugar debemos establecer el precio del bien objeto de división y en el caso que nos planteas el hecho de que sea una vivienda de protección oficial no puede ser obviado, es decir, que debemos respetar el régimen legal aplicable a las viviendas que poseen dicha calificación.
Para ello, deberás dirigirte a la administración correspondiente dentro de tu Comunidad Autónoma para clarificar, en primer lugar, si dicha vivienda está descalificada o, en segundo lugar, para el caso en que no los estuviese, solicitar el certificado de precio máximo de venta.
Si la vivienda estuviese descalificada, podríais pactar libremente el precio de dicha vivienda, pero para el supuesto en que la misma tenga un precio máximo, estáis limitados a la hora de plantear dicha extinción a dicho precio.
Lo que planteas en tu consulta de ofrecerle más dinero del que legalmente estarías obligada, además de ser una práctica irregular, dificultaría el diseño de la operación si necesitas solicitar un préstamo hipotecario; además con la Ley de Blanqueo de Capitales el Notario sería el primero que advertiría de no poder realizarlo así.
También es importante que tengas en cuenta que no puede realizarlo así ni contigo ni con ningún tercero que quisiese comprar dicha vivienda puesto que al estar calificada de VPO sería una conducta ilícita y denunciable.
Respecto al resto de cuestiones de tipología más fiscal, es decir, las referentes al “exceso de adjudicación”, supuesto en el que ya no estarías de conformidad con lo explicado en los párrafos anteriores, tributación y desgravación por vivienda habitual, nuestro consejo es que realices una consulta especializada con un asesor fiscal.
Respecto a los gastos que conlleva una extinción de condominio, si se realiza vía notarial, es la minuta de Notario, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo porcentaje varía en función de la Comunidad Autónoma a tributar, estando en Baleares en un 1.50 %, y el importe de la inscripción en el Registro Notarial.
El abono de dichos conceptos corre a cargo de quien se adjudica la propiedad.
Atentamente le saluda,
Marina Mullor, abogada de Futur Legal.
Abogada del ICAIB (2003) en Futur Legal. Especialista en Derecho mercantil, civil y familia.
