¿Tiene tu página web adecuadamente implementado el consentimiento para el tratamiento de datos personales? En otras palabras, ¿en tu formulario de contacto, recoges adecuadamente el consentimiento para tratar los datos de clientes y usuario?
¿Hay que poner un enlace a una página con la política de protección de datos? ¿se precisa que marque una casilla aceptando el tratamiento?
La Ley de Segunda Oportunidad en 2024 es un mecanismo concursal que permite al deudor de buena fe librarse de parte o de todas sus deudas.
Veremos aquí los puntos clave y algunos vídeos informativos. Si quieres que nuestro despacho analice tu situación en cuanto a la aplicación de esta noema a tu caso, remítenos un email a expedientes@futurlegal.com
Los seguros de prima única en general y la PUF en particular son dos tipos de seguros de problemáticos vinculados a la concesión de préstamos hipotecarios. Para el consumidor, porque los comercializados por las entidades financieras son mucho más caros que sus hermanos del mercado asegurador libre, además del generalizado desconocimiento profundo de los bancarios a la hora de recomendar determinadas cláusulas en las pólizas.
Si nos ponemos en la piel del intermediario hipotecario, la problemática viene del riesgo de prestar o pretender que se ha prestado un servicio de asesoramiento sobre seguros de prima única en el proceso de intermediación hipotecaria.
El pasado 22 de noviembre participé, como patrono de la Fundación Finsalud, en una mesa coloquio sobre Inteligencia Artificial (IA) e inclusión financiera.
Como moderador puede intercambiar ideas y aprender de los ponentes: Ricardo Palomo, Catedrático de Finanzas y Decano en el CEU San Pablo y Vicepresidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED); Eloi Noya, Director del área de Innovación en el Instituto de Estudios Financieros y consultor Fintech EFPA; María Molina, Responsable de Política de ASUFIN.
La contratación entre un broker hipotecario o intermediario de crédito inmobiliario y un consumidor está intensamente regulada tras la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Además de la obligación de estar registrado en el Banco de España, la normativa exige una especial transparencia en la fase precontractual y contractual, con especial mención a la naturaleza de la empresa de intermediación y sus honorarios, así como cualquier vinculación con los prestamistas inmobiliarios. En este artículo explicaremos lo fundamental de la sentencia núm. 58/2023 dictada por la Magistrada Laia Boix De Gispert del JPII núm. 5 de Gavá, dando la razón al cliente defendido por la socia abogada de Futur Legal Cristina Borrallo Fernández y condenando en costas a la empresa que le exigía 7.000€.