Aprovechando que estamos en fechas de presentación del IRPF correspondiente al ejercicio 2023, veamos algunas respuestas de la Agencia Tributaria en relación a la fiscalidad del préstamo hipotecario multidivisa.
En nuestro blog, el economista Antonio Gallardo ya ha escrito sobre los efectos en el IRPF de la demanda por abusividad del clausulado multidivisa.
Pese a ser popularmente conocido como “Plusvalía Municipal“, el nombre técnico de este impuesto municipal, directo y objetivo es Impuesto sobre el Incremento del Valor de Naturaleza Urbana (IIVTNU). En este artículo veremos, de forma clara y sencilla, si es posible reclamar las cantidades pagadas por este tributo, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, tras el planteamiento de una cuestión de inconstitucional promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, respecto de los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, por posible vulneración del art. 31.1 CE.
Las distintas sentencias sobre malas prácticas realizadas con las entidades financieras, principalmente en préstamos con garantía hipotecaria, tienen además de un beneficio para todos los usuarios que consiguen restituir el dinero pagado de más, unas repercusiones fiscales que deben tener muy en cuenta.
De todas ellas la más importante son las derivadas por haberse deducido por la hipoteca en el IRPF por unas cantidades que han sido devueltas y tener que reintegrar esta deducción. Algo que sucede con intereses y capital no amortizado por el uso del IRPH como diferencial, si este índice es declarado nulo, con las hipotecas multidivisa pero también con la devolución de los gastos hipotecarios, ya que estos al ser obligatorios, son también susceptibles de deducción.
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 1 de junio de 2020 en la que señala que las costas judiciales que percibe un ciudadano por un dictamen judicial favorable a sus intereses y que tiene que abonar a su servicio de defensa no tiene que tributar supone no solo romper la postura defendida por la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos, sino principalmente un importante y claro beneficio fiscal para el consumidor. Cambia el criterio de la tributación en el IRPF de las costas judiciales, algo que venían reclamando desde diferentes colectivos.
Con las costas judiciales se compensa, al menos parcialmente, los gastos ocasionados por la defensa jurídica a la parte ganadora del procedimiento judicial. Aunque estas acaben repercutiendo precisamente a los abogados, procuradores e incluso peritos de parte relacionados con procedimientos el ciudadano tenía que tributar por una cantidad que no recibía.
Son aún muchas las sentencias o acuerdos a favor del contribuyente con relación a las cláusulas suelo, importes a favor del contribuyente por pagos por los que se dedujo por inversión en vivienda habitual por los que en determinados casos hay que tributar. Analizaremos la tributación de las diferentes cantidades que recibe un cliente que ha demandado al banco y ganado la sentencia por cláusula suelo en su hipoteca.