La contratación entre un broker hipotecario o intermediario de crédito inmobiliario y un consumidor está intensamente regulada tras la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Además de la obligación de estar registrado en el Banco de España, la normativa exige una especial transparencia en la fase precontractual y contractual, con especial mención a la naturaleza de la empresa de intermediación y sus honorarios, así como cualquier vinculación con los prestamistas inmobiliarios. En este artículo explicaremos lo fundamental de la sentencia núm. 58/2023 dictada por la Magistrada Laia Boix De Gispert del JPII núm. 5 de Gavá, dando la razón al cliente defendido por la socia abogada de Futur Legal Cristina Borrallo Fernández y condenando en costas a la empresa que le exigía 7.000€.
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Economista especializado productos financieros y socio del despacho de abogados y economistas Futur Legal.
Licenciado en Economía (1997) y en Administración y Dirección de Empresas (1999) por la UIB. Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la UNIR (2022).
Consejero del CES de las Illes Balears. Patrono de Finsalud. Profesor asociado de la UIB y director de trabajo fin de máster de la UNIR.
Autor del libro a Banca Culpable (Esfera de los Libros, 2013) y coautor de Comentarios sobre la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los mercados de valores y de los Servicios de Inversión (Aferre, 2024); Situación, tendencias y restos del sistema financiero (Aranzadi, 2022); Perspectiva legal y económica del fenómeno FinTech (Wolters Kluwer, 2021); Comentarios a la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (Wolters Kluwer, 2019).
Pau A. Monserrat entiende la actividad del economista más allá de una profesión, como una forma de entender y participar en el mundo. Su enfoque humanístico combinado con un análisis matemático le permite abordar con garantías de éxito los encargos de sus clientes. Se ha mostrado activo en la divulgación de la educación financiera, la intermediación hipotecaria, así como en la defensa de los derechos de los usuarios del sector financiero.
