La derogación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, ha generado una situación de notable incertidumbre jurídica en materia de arrendamientos de vivienda habitual. Esta norma había previsto una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler y una limitación extraordinaria del 2% en la actualización anual de la renta.
La controversia es evidente: durante varias semanas, el Real Decreto-ley estuvo vigente. En ese periodo, muchos arrendatarios pudieron remitir comunicaciones formales a sus propietarios solicitando la prórroga extraordinaria. Sin embargo, tras la no convalidación por el Congreso de los Diputados, la norma dejó de producir efectos hacia el futuro.
