Derivación de responsabilidad social y exoneración del pasivo insatisfecho (EPI): una relación que los administradores no pueden ignorar.
Imagina la escena.
Es viernes, abres la sede electrónica de la Agencia Tributaria para descargar “un par de cosas” y aparece ese PDF con un título que nadie quiere ver: Acuerdo de inicio de procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria.
Contacta con Jun Wei, abogado experto en Derecho Concursal: jun.wei@futurlegal.com.
Las Sentencias de Pleno del Tribunal Supremo 1590/2025 y 1591/2025, ambas de 11 de noviembre de 2025, marcan un nuevo capítulo en la litigiosidad del IRPH. Su publicación, tras años de ida y vuelta con el TJUE, no cierra definitivamente el debate, pero sí redefine los criterios con los que se deberán analizar las futuras demandas.
A continuación expongo, como economista especializado en análisis pericial del IRPH, una lectura jurídica crítica respecto a lo que el Tribunal Supremo afirma y lo que el TJUE había exigido, seguido de cómo esta jurisprudencia afecta al análisis pericial financiero que deberá acompañar las demandas a partir de ahora.
El sistema ⚙️ VERI*FACTU es el nombre común del nuevo Reglamento de Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF), establecido por el Real Decreto 1007/2023 y normativa relacionada. Esta regulación, conocida como Reglamento VERIFACTU, surge de la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal y define cómo deben funcionar los programas de facturación de empresas y autónomos para prevenir manipulaciones y fraudes en las facturas.
Todos los autónomos y gerentes de empresas nos hacemos las mismas preguntas❓¿He de comprar un nuevo programa de gestión? ¿Puedo seguir haciendo facturas en Word o Excel? ¿He de cambiar las cajas registradoras de mis tiendas?..
Si quieres contactar con el economista Pau A. Monserrat, autor del artículo: 👨💼 pau.monserrat@futurlegal.com.
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El reintegro de prestaciones indebidas y la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2025.
Es más habitual de lo que debiera que la administración pública, en concreto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) o la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e, incluso, las entidades colaboradoras de la Seguridad Social como las Mutuas de Trabajo, reconozcan por error a los trabajadores, autónomos y pensionistas el cobro de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, cuando éstos no cumplen con los requisitos exigidos legalmente.
Si quieres contactar Moisés Garrido, abogado autor del artículo: 📧 moises.garrido@futurlegal.com.
Ley de accesibilidad en 2025: Una norma que cambia el mercado desde junio de 2025.
El 28 de junio de 2025 entra en vigor el Título I de la Ley 11/2023, que transpone al ordenamiento español la Directiva Europea 2019/882 (European Accessibility Act).