Al parecer no ha sido suficiente un verano plagado de calor ya que todo apunta a que también será un “otoño caliente” o, por lo menos, para nuestros queridos Jueces de lo Mercantil.
Y ello es así porque conjugan, como ya bien sabemos los letrados que a dicha materia nos dedicamos, en simbiosis perfecta dos acontecimientos que, a la espera de sus resultados pragmáticos, hacen vaticinar muchas hipótesis sobre el futuro de nuestro sistema en sus distintas vertientes.
En este artículo analizaremos de la forma más sencilla posible la naturaleza de los Certificados de Depósito para Acciones (CDA) emitidos por la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT, en sus siglas en holandés, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank), producto de inversión complejo cuyo precio de transmisión en el mercado interno se fija en el valor patrimonial contable en cada momento de la acción subyacente (acciones de la entidad de crédito holandesa Triodos Bank NV).
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Sin entrar a evaluar la intensidad con la que nuestros Jueces o Magistrados hacen uso, quizás correctamente o quizás para eludir responsabilidad, lo cierto es que en España nos encanta el mecanismo europeo en virtud del cual se abre la posibilidad de tener respuesta, supuestamente clarificadora, sobre la interpretación de la norma europea en concordancia con la norma nacional. Pues bien, está nuevamente en juicio una cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, en Auto de 2 de septiembre de 2020 (Asunto C-410/20) sobre el archiconocido asunto de la ampliación de capital de Banco Popular y su intervención con implicación del actual Banco Santander.
Veamos la cuestión prejudicial al TJUE planteada respecto al Caso Banco Popular en esta artículo y la Sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022.
La comisión por ingreso de efectivo que algunas entidades financieras cobran a terceros que quieren ingresar dinero en efectivo a una cuenta de otro cliente, ha sido avalada por el Banco de España (BdE) desde hace años, bajo determinadas condiciones. En este artículo explicamos la postura del supervisor en 2017 y a mayo de 2022.
Antes de entrar en la visión del Banco de España, que entendemos va a tener que cambiar, veremos lo que considera la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) en su sentencia núm. 328 de 26 de abril de 2022.
Las cláusulas de cierre están incluidas prácticamente en todos los contratos de préstamo hipotecario y recogen, en esencia, que en caso de que no se pueda aplicar como tipo de interés el índice de referencia pactado (ya sea el IRPH, el euríbor, el líbor, etc) ni tampoco el sustitutivo que esté pactado en la propia escritura por parte del banco y el cliente durante un periodo de tiempo determinado, las entidades se reservan poder volver a aplicar el último índice que se hubiera aplicado al préstamo hasta la finalización de éste.
Es decir, con la aplicación de esta cláusula se pasaría de un tipo variable a uno fijo, que consistiría en perpetuar el índice desparecido congelado de su última publicación con más el diferencial correspondiente del préstamo.